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domingo, 8 de enero de 2012

Inmunidad política

¿Debe España mantener la inmunidad parlamentaria? ¿Tendrán razón los que sostienen que cualquier tiempo pasado fue mejor? Lo digo porque un 8 de enero de 1924, un Real Decreto suspendía la inmunidad parlamentaria recuperada luego por Franco y reforzada durante el Gobierno de Suárez. Y lo digo porque si hace 88 años no era ninguna aberración que el padre de la patria fuera un ciudadano más, después de todos los desmanes que senadores, diputados y otros cargos, altos cargos políticos han cometido, quizás es hora de replantearnos si en efecto la inmunidad que ofertamos a los próceres de la Nación no vulnera ese precepto constitucional que todos podríamos decir de corrido (“todos somos iguales ante la Ley”) y si su efectividad no es más que un lastre para el buen funcionamiento de la cosa pública, o quizás un escudo tras el que impunemente se parapete un diputado (por decir algo) que cometa prevaricación, cohecho o simplemente haga una dejación de sus funciones con un coste irreparable para el conjunto de la sociedad.

Me sorprende que hace 88 años esto estuviera claro. Me sorprende más si cabe que el artículo 8 del Reglamento de las Cortes Españolas diga que “los representantes del pueblo no son responsables ante jurisdicción alguna ni aun después de terminado su mandato por ninguno de sus actos o llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones reglamentarias”. Me parece aberrante, casi de juzgado de guardia, que al cobijo de esta injusta ley, algunos puedan hacer y deshacer, cometer tropelías o escaparse de rositas.

El artículo 9 es si acaso, un atropello al resto de ciudadanos. Los que con sus impuestos costean el funcionamiento de los órganos en los trabajan estos “inmunes” y soportan sus fallos y errores, deliberados, a conciencia, premeditados o casuísticos. Dice así: “Los diputados y senadores no pueden ser detenidos sin previa autorización del presidente de las Cortes, salvo en caso de flagrante delito, y aun en este caso, la detención debe ser comunicada inmediatamente al Presidente de las Cortes. Tampoco puede dictarse auto de procesamiento contra un senador o diputado, mientras dure su mandato sin la previa autorización del presidente de las Cortes”. ¿Pero es que estamos locos?

Los artículos 71.1 y 71.3 de la Constitución inciden en el concepto de inviolabilidad del diputado o senador. Pero yo me pregunto: ¿estos derechos propios del Antiguo Régimen, realmente consiguen preservar la independencia y autonomía del poder legislativo frente a otros poderes del Estado y a personas o grupos privados? Yo lo que creo es que algunos políticos, y no hace mucho precisamente, se nos han ido sin castigo acogiéndose a esta necedad de ley y a esta prerrogativa que más parece redactada por un jurista de la Edad Media que por un ciudadano coherente del siglo XXI.

Por eso pido que leyes como esta, terminen desapareciendo del escenario público español, si es que el político algún día quiere estar bien valorado en nuestra sociedad. 

2 comentarios:

J. Carlos Medina dijo...

Dificilmente los políticos van a crear o modificar leyes que vayan en contra de ellos. Recordemos que son eso, políticos y no hombres o mujeres de estado.

Santi dijo...

Debería modificarse y una mayoría absoluta parlamentaria lo permitiría... lo que ocurre que no se puede aplicar con "retroactividad" a los desmanes provocados, pero como ocurre en Islandia, por mal gobierno a la trena.

Y ya que hablamos de modificar leyes, la promesa de una modificación del código penal para instaurar la cadena perpetua revisable a determinados delitos urge -terrorismo (pertenencia, propaganda, asesinatos...) por ejemplo-.

Pero despierta, leche, que estamos en España... y las promesas son aquello de donde dije digo digo Diego.